Las personas con SD tienen derecho a votar y a ser votados en las mismas condiciones que las demás, salvo que hayan sido declaradas incapaces por sentencia judicial firme que expresamente incluya el derecho de sufragio. En general sólo pueden ver limitada su capacidad de obrar jurídica por sentencia judicial, pero hay ocasiones en las que la «capacidad» se aprecia discrecionalmente, como ocurre con la necesaria para obtener el permiso de conducir. Una persona con SD no incapacitada judicialmente puede ser titular de una cuenta bancaria.