Ayer, la ponencia de la Comisión Constitucional de la Cámara baja elevó un dictamen favorable para la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Este documento ha sido avalado por el PSOE, Ciudadanos, Podemos y el Grupo Mixto; por su parte, el Partido Popular presentó un texto alternativo y el PNV no se pronunció.

La modificación pretende eliminar la posibilidad de que, en los procedimientos de incapacitación legal, los jueces puedan privar del derecho de voto a determinadas personas por motivos asociados a su discapacidad, lo cual es una violación de los derechos humanos de las personas con discapacidad establecidos en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que España ratificó en 2008.

Aunque supone un nuevo paso y esperanza para las casi 100.000 personas con discapacidad que están privadas en nuestro país del derecho político fundamental a ejercer el sufragio, todavía queda camino por delante. Después de la votación en la comisión, irá al Pleno del Congreso y, a continuación, al Senado. Una vez aprobado en la Cámara Alta, volverá al Congreso de los Diputados.

La reforma continúa pues su camino legislativo, culminado este primer paso en ponencia, con su elevación a la Comisión Constitucional para que apruebe el dictamen correspondiente que se sometería a un próximo pleno del Congreso.

DOWN ESPAÑA se une al CERMI en su llamamiento a todos los grupos parlamentarios a que respalden unánimemente el texto de la Proposición de Ley, sin introducir modificaciones, a fin de que esta reforma entre en vigor lo antes posible, y desaparezca esta vulneración de los derechos civiles fundamentales de las personas con discapacidad.

#MiVotoCuenta

Según datos de la Oficina del Censo Electoral, casi 100.000 personas con discapacidad están privadas en nuestro país del derecho político fundamental a ejercer el sufragio, situación sobre la que Naciones Unidas advirtió a España en 2011, conminándola a modificar con urgencia su legislación electoral para adecuarla al tratado internacional de derechos humanos de las personas con discapacidad. A tenor de esta Convención, ninguna persona con discapacidad en ningún caso puede ser despojada de su derecho al voto.

DOWN ESPAÑA, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y Plena Inclusión celebraron en febrero de 2017 una concentración ante el Tribunal Constitucional con el lema #MiVotoCuenta que contó con el apoyo de más de 500 personas.

A raíz de esta concentración y a sugerencia del CERMI, la Asamblea de Madrid elevó una iniciativa legislativa, promovida el Grupo Parlamentario Socialista y aprobada en el parlamento regional con el respaldo de todos los grupos políticos, al Congreso de los Diputados. El debate tuvo lugar en noviembre y recibió el apoyo unánime de los diputados.

El pasado mes de julio, era el Consejo de Europa el que se pronunciaba y advertía a España que no puede privar del derecho al voto a las personas con discapacidad. Así lo manifestaba la comisionada europea de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, en sus observaciones escritas presentadas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el caso de la española María del Mar Caamaño Valle contra España por haberle retirado este derecho un tribunal.