El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha hecho público su último informe del Examen Periódico Universal (EPU) en referencia al cumplimiento de los Derechos Humanos en nuestro país. Se trata de un examen, que ofrece a cada país la oportunidad de declarar qué medidas ha adoptado para mejorar la situación de los derechos humanos y para cumplir con sus obligaciones en la materia.

El EPU es uno de los elementos clave del Consejo que recuerda a los Estados su responsabilidad de respetar y aplicar plenamente todos los derechos humanos y las libertades fundamentales con el objetivo final de mejorar la situación de derechos humanos en todos los países y abordar las violaciones de los derechos humanos dondequiera que se produzcan.

Las conclusiones del EPU reflejan un total de 275 recomendaciones para España en materia de derechos humanos, 25 de ellas referentes a los derechos de las personas con discapacidad. Accesibilidad en los servicios de atención a la salud, el fomento del empleo de las personas con discapacidad o la promoción de la educación inclusiva son algunas de las bases analizadas.

Recomendaciones aceptadas

España ha aceptado el 91%  de las recomendaciones generales y el 58% de las que versan sobre el sector de la discapacidad.

El EPU recomienda a España ajustar la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social y la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para así garantizar la accesibilidad en todos los ámbitos y aplicar las sanciones pertinentes en caso de incumplimiento de esta normativa.

Dicha modificación permitiría hacer posible el derecho a la asistencia personal, una de las mayores demandas en la trayectoria del Comité de Representantes de las Personas con Discapacidad (CERMI).

La educación inclusiva también forma parte de las reivindicaciones que realiza el mecanismo internacional. El EPU propone “seguir trabajando para lograr que los centros educativos cuenten con los recursos necesarios para que los alumnos con discapacidad puedan asistir a esos centros en las mejores condiciones posibles”.

Otro de los asuntos sobre los que el EPU hace especial hincapié, es la discriminación contra las mujeres y las niñas con discapacidad. Por ello, solicita las medidas oportunas para protegerlas.

Además, en el informe se incide en “proseguir las iniciativas de promoción de los derechos del niño, de las personas con discapacidad y de las mujeres y fomentar las actividades de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo”.

Mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad a través de una estrategia nacional es otra de las medidas aceptadas en relación a las aportaciones que indicó el CERMI al organismo internacional. Así, ello se puede contemplar a partir de la promoción del empleo de este sector poblacional o con la aplicación de medidas que garanticen la accesibilidad y la disponibilidad de los servicios de salud.

Por último, el Consejo de Derecho Humanos de la ONU aporta otras recomendaciones a España, de especial relevancia y de “sumo interés para dar consecución a los mandatos de la Convención de la Discapacidad y de la Agenda 2030”.

Desde DOWN ESPAÑA, apoyamos firmemente la necesidad de seguir dichas recomendaciones y por lo tanto, de garantizar los derechos fundamentales de las personas con discapacidad en nuestro país.