El Comité de la ONU sobre la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad evaluó la situación de España respecto al cumplimiento del citado tratado el pasado mes de marzo y ya ha publicado un informe con sus conclusiones. El texto, escrito en inglés y traducido por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) de manera oficiosa, muestra la «preocupación» del Comité internacional en muchos de los aspectos relacionados con la vida y los derechos de las personas con discapacidad.

El texto ha de ser entendido como un documento de referencia que guíe las políticas del Gobierno, de las Administraciones y de todas las entidades que trabajan para la discapacidad: una auténtica agenda para las políticas de la discapacidad en nuestro país. Por ello, uno de los puntos que señala con prioridad el Comité es la necesaria «revisión de todas las leyes, políticas y prácticas relativas a la prestación de servicios para las personas con discapacidad a todos los niveles y en todas las comunidades autónomas y corporaciones locales, conforme a los principios consagrados en la Convención y en línea con el modelo de derechos humanos de la discapacidad». Es decir, la obligatoriedad de la aplicación de la Convención que España ratificó en 2008 compete a todo el país, y por ello, no puede haber administraciones que estén ausentes de la aplicación de sus políticas.

Por otro lado, y aunque los expertos de las Naciones Unidas valoran algunos puntos positivos de avance, como son la aprobación y cumplimiento de la Ley de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, la Reforma Electoral que va a permitir votar a muchas personas con discapacidad, son muchos los asuntos sobre los que el Comité señala recomendaciones a seguir. Más de 50. Dichas sugerencias versan sobre áreas tan específicas como la atención sanitaria, la igualdad de género, accesibilidad, los menores con discapacidad, la toma de conciencia o la educación inclusiva, entre otros. De hecho, son la protección de la integridad personal y la educación inclusiva los asuntos  en que según el Comité «deben adoptarse medidas urgentes«.

Educación inclusiva como principal preocupación

«Preocupan al Comité los escasos avances del Estado parte en relación con la educación inclusiva, incluida la falta de una política clara y de planes de acción para su promoción. Le inquieta al Comité que un número importante de niños y niñas con discapacidad, incluidos niños y niñas con autismo, con discapacidad intelectual o psicosocial o con pluridiscapacidad, sigan recibiendo una educación especial y segregada», dicta el texto.

Dentro del apartado dedicado a la educación inclusiva, el Comité recomienda que se adopten «medidas que conciban la educación inclusiva como derecho«, y que se otorgue a «todos los estudiantes con discapacidad, independientemente de sus características personales, el derecho a acceder a las oportunidades inclusivas de aprendizaje en el sistema educativo ordinario, con acceso a los servicios de apoyo que se requieran, e  implemente las demás recomendaciones del informe de su investigación». Además, exige que se «acelere la reforma de la Ley de Educación para que se defina claramente la inclusión educativa y sus objetivos específicos para cada etapa del ciclo educativo y se concrete «una política integral de educación inclusiva que contenga estrategias para promover una cultura de inclusión en la educación ordinaria«.

Es decir, teniendo en cuenta, tanto la Convención como este informe, no debe caber duda alguna sobre la línea que han de seguir las políticas respecto a la enseñanza de las personas con discapacidad en nuestro país. El debate ya no ha de ser sí o no a la educación de tipo inclusivo, sino cómo llevar a cabo las acciones que aseguren el cumplimiento de este derecho aprobado y ratificado por España y por las Naciones Unidas.

Aborto y eutanasia

El organismo de Naciones Unidas también recuerda a España su compromiso con la Convención respecto a dos temas controvertidos, pero cuyas limitaciones están muy marcadas en dicho acuerdo: el aborto y la eutanasia. Respecto a ello, el Comité vuelve a instar a España a que cambie la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, a fin de que no se establezca un supuesto especial en función de la discapacidad, y del mismo modo insiste en que esta no se considere un motivo para la eutanasia.

Es decir, el foco del asunto no se centra en aborto o eutanasia si o no, sino en que el plazo para abortar debe ser el mismo tanto si el feto presenta una discapacidad como si no, y por otro lado, que si una persona solicita la eutanasia, esta no podrá ser justificada teniendo como base un motivo de discapacidad.

Recomendaciones generales para un país de referencia

Además, de los temas mencionados, el Comité de Naciones Unidas ha puesto en el punto de mira otros asuntos que según ha publicado en su informe, España, país de referencia en cuanto al cumplimiento de los Derechos de las personas con discapacidad, debería atender siguiendo sus sugerencias. Algunas de las más destacadas son las siguientes:

• Seguir fomentando la formación a jueces y agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, profesionales del sector sanitario y profesores, así como al personal que trabaja con las personas con discapacidad, al objeto de fomentar su sensibilización sobre los derechos que establece la Convención
• Introducir medidas eficaces de forma urgente para identificar, prevenir y ofrecer protección de la discriminación múltiple contra las mujeres y niñas con discapacidad.
• Garantizar el acceso universal de todos los niños y niñas con discapacidad a servicios de atención sanitaria primaria, incluidos servicios de atención temprana.
• Garantizar que los espacios abiertos al público cuenten con señalización e información en formato de lectura fácil, y dispongan de servicios de asistencia personal e intermediación, en particular para todas las personas con discapacidades sensoriales o intelectuales.
• Que España elimine completamente los regímenes de sustitución jurídica (incapacitación, tutela,…) en la adopción de decisiones, reconozca la plena capacidad jurídica de todas las personas con discapacidad, e implante mecanismos para la adopción de decisiones con apoyos.
• Derogar el artículo 156 de la Ley Orgánica 10/1995, para así eliminar completamente la administración forzosa de esterilizaciones, tratamientos médicos e investigaciones a todas las personas con discapacidad sin el consentimiento libre y con conocimiento de causa de la persona.
• Se reconozca mediante legislación el derecho a la asistencia personal, garantizando que todas las personas con discapacidad tengan derecho a una asistencia personal que responda a sus criterios personalizados para la vida independiente en la comunidad (con referencias a un abanico amplio de apoyos gestionados por la persona y dirigidos por el usuario, y a la autogestión de la prestación del servicio).
• Suprimir el uso de fondos públicos para la construcción de instituciones residenciales para las personas con discapacidad (que las inversiones se dirijan a mecanismos de vida independiente en la comunidad y en todos los servicios generales para que estos sean inclusivos).
• El Comité solicita a España que aplique las recomendaciones formuladas en las presentes observaciones finales. Le recomienda que transmita dichas observaciones, para su examen y para la adopción de medidas al respecto, a los miembros del Gobierno y del Parlamento, los funcionarios de los ministerios competentes, las administraciones locales y los miembros de los grupos profesionales pertinentes, como los profesionales de la educación, de la medicina y del derecho, así como a los medios de comunicación.