El periodista Pablo Gutiérrez del Álamo ha dedicado su última publicación en ‘El diario de la educación’ a la inclusión educativa y a las cifras que demuestran que en nuestro país el modelo inclusivo está estancado. Para ello, se ha basado en diferentes informes y principalmente en el trabajo que ha publicado la profesora Teresa Núñez Mayán en la Revista Nacional e Internacional de Educación inclusiva. <<Se trata de un texto que en 30 páginas resume y aclara cómo se ha producido el proceso, primero de integración y, después, de inclusión del alumnado con necesidades educativas asociadas a la discapacidad. Según los datos que ha recabado, de fuentes oficiales, este proceso comenzó con fuerza en 1985 y, aunque no ha parado, alrededor de 1999 se paralizó virtualmente>>.

<<A pesar de que en este tiempo, los centros de educación especial se han seguido cerrando (cada vez con menos velocidad), su alumnado no ha disminuido, todo lo contrario. «Creo que hay un incremento del alumnado que está reincorporándose a los centros de educación especial, desgraciadamente», asegura la profesora universitaria que, en tiempos, fue maestra de educación especial. «Algunos de estos niños fracasan en la escuela ordinaria y sus padres se encuentran en el dilema: ¿sigo luchando por la inclusión?». Para Teresa Núñez Mayán «a veces la respuesta es la vuelta a los centros especiales>>, destaca el periodista.

Por otro lado, Gutiérrez incluye en su artículo la opinión del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), a través de declaraciones de Jesús Martín, delegado del CERMI para los Derecho Humanos. Según el experto, hay que «repensar» la educación «para que acoja a todas las niñas y niños, independientemente de su origen, de su condición (…), tenemos que idear un modelo de educación pensado en clave de vida en común, en comunidad porque la escuela debe ser el primer contexto, junto a la familia, de lo que luego será la vida».

«La inclusión es un concepto que se invoca pero no se practica»

 <<A pesar de que en 2008 España ratificó la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad que afirma que todas las personas tienen derecho a estar escolarizadas en centros ordinarios con los recursos y apoyos suficientes, esta situación no termina de cuajar desde hace 20 años. Al mismo tiempo que esas leyes invocan la inclusión, dicen que a los niños con discapacidad hay que clasificarlos y se les puede llevar a centros de educación especial, lo que no deja de ser educación segregada.

«La enseñanza de personas con discapacidad ha sido la pariente pobre, la gran olvidada de las políticas públicas en educación como revelan esas cifras de las últimas décadas», según Jesús Martín.

Para Teresa Núñez «la discapacidad y la exclusión la construimos socialmente cuando no le damos a los niños lo que necesitan. Mientras pensemos que vamos a arreglar los problemas con ayudas individuales en lugar de pensar que tenemos que hacer un cambio del sistema, de los centros, de las aulas para que quepan todos los alumnos, es difícil mejorar. Son las administraciones educativas las que nos han llevado donde estamos. No pueden inhibirse o hacer dejación de responsabilidades para el éxito de este proceso».

<<Tanto Jesús Martín como Teresa Núñez tienen claro que la inclusión es un proceso más o menos lento. «Es un derecho pero también es un proceso que no madura solo, hay que empujar», asegura Núñez. «Nosotros, desde aquí, alentamos a este proceso evolutivo, sensato, que sea ordenado, productivo y, sobre todo, dialogado con toda la comunidad educativa. Y tiene que ser liderado por las administraciones. Que no tengamos que ir la sociedad civil denunciando estas cuestiones», afirma Martín. El responsable del CERMI también asegura que ahora es un buen momento, con las elecciones cerca, «para promover y debatir y alcanzar este gran acuerdo en materia de educación de las personas con discapacidad. Con todos los agentes, no sobra nadie«>>.