Teniendo en cuenta que las próximas elecciones generales tendrán lugar el 28 de abril de este año, DOWN ESPAÑA ha querido recordar a los partidos políticos la obligatoriedad del cumplimiento de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, ratificada por España en 2008 para que la tengan en cuenta en sus programas electorales. Por ello, les solicita, a través de una carta firmada por el presidente de nuestra federación, Mateo San Segundo, su compromiso para que la próxima reforma de la Ley de la Educación se haga «cumpliendo y aplicando las leyes existentes, con el objetivo de que la educación en nuestro país tenga un carácter incluyente».

En DOWN ESPAÑA, consideramos la educación inclusiva de las personas con discapacidad como un derecho fundamental, y nuestra nación no lo está garantizando actualmente. Por ello, exigimos a los representantes de los diferentes partidos políticos que asuman su responsabilidad y liderazgo social y que promuevan una reforma educativa de carácter inclusivo, que permita hacer posible el ideal de una eficaz escuela para todos y que impida la histórica desatención educativa a las personas con discapacidad intelectual.

Por otra parte, sabiendo que la política educativa es y ha sido objeto de profundo debate y conflicto entre partidos y opciones políticas, pedimos a los líderes políticos que “si optan por no compartir esta petición de aplicar las leyes y orientaciones legales de referencia en el ámbito de la Educación, en coherencia con ello, hagan público y trasladen a las instituciones implicadas su intención de promover una denuncia del tratado de DDHH relativo a la CDPD, en la voluntad de no aplicar una orientación inclusiva al ámbito del Derecho a la educación».

Desde DOWN ESPAÑA, creemos necesario y prioritario que la educación inclusiva se implante definitivamente en nuestro país, tal y como dictan los Derechos Humanos y la citada Convención de la ONU. Además, se ha de tener en cuenta que varias sentencias de diferentes tribunales de justicia han reconocido el derecho a la educación inclusiva en los últimos años. Especialmente destacable es la Sentencia del Tribunal Supremo del 14 de diciembre de 2017, trascendente por la definición definitiva de la educación inclusiva como un derecho fundamental. Gracias a ella, también se establece cuáles son los mandatos y las obligaciones que incumben a las Administraciones educativas en orden a garantizar la efectividad de este derecho fundamental.