30·08·2019

(Actualidad)

DOWN ESPAÑA se une al CERMI para reclamar el fin de la esterilización forzosa de las personas con discapacidad

El Comité Español de Representantes de personas con Discapacidad se ha dirigido a los grupos parlamentarios para pedir la supresión de esta práctica en el Código Penal.

Después de enviar un informe a la ONU sobre la esterilización forzosa de personas incapacitadas judicialmente en España, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Fundación CERMI Mujeres se dirigen ahora a los grupos parlamentarios. En un comunicado, exigen que la supresión de la esterilización forzosa en España sea una de las primeras leyes que se aprueben en la nueva Legislatura.

Este tipo de intervenciones se realizan sin el consentimiento de la persona afectada y fundamentalmente a mujeres con discapacidad, teniendo en cuenta “su propio bien”. La esterilización forzosa está regulada en nuestro país a través del artículo 156 del Código Penal, en el que se prevé la posibilidad en el caso de personas “que de forma permanente no puedan prestar en modo alguno el consentimiento”. El objetivo, prosigue el texto, es “salvaguardar el mayor interés del afectado”.

Según denuncia el organismo, esta práctica es la mayor violación de derechos contra las personas con discapacidad de nuestro ordenamiento jurídico, por lo que urge su desaparición. De hecho, para los expertos de las Naciones Unidas, se trata de una “práctica inaceptable con consecuencias de por vida” y una “violación generalizada de los derechos humanos.

El pasado mes de abril, el CERMI instó a España, en sus observaciones tras el examen del cumplimiento por nuestro país de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a derogar del Código Penal en el plazo de un año esta facultad, gravemente contraria a los derechos humanos. Y ahora, para dar efectividad a este mandato, el comité anima a los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado a presentar cuanto antes la correspondiente iniciativa legislativa de reforma del Código Penal.

En el informe en el que el CERMI alertaba a las Naciones Unidas de la situación respecto a este asunto en nuestro país, se explicaba también la evolución de la protección de los derechos de las personas con discapacidad en el Estado español desde el año 2015. En el documento, se analizan los “avances” y también los incumplimientos de España en esta materia. El texto también fue remitido al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, para que conste al Ejecutivo la posición de la sociedad civil en esta materia.

DOWN ESPAÑA apoya al Comité, pues la esterilización forzosa sigue afectando a cerca de 90 personas cada año en nuestro país, y aunque el Gobierno comenzó a estudiar el asunto a principios de este año, por el momento no se han tomado las medidas necesarias para erradicar esta práctica.