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DOWN ESPAÑA pide al Gobierno un Plan Nacional por la Inclusión Educativa que concrete las propuestas de la ley Celaá

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Tras la aprobación en el Congreso de la nueva ley educativa -LOMLOE-, más conocida como ley Celaá, DOWN ESPAÑA reconoce el avance que implica en lo relativo a favorecer la educación inclusiva de los alumnos con discapacidad. Sin embargo, consideramos que no es suficiente y que la ley no garantiza una educación inclusiva de calidad y para todos, ni el aporte económico necesario para llevarla a cabo. Por eso, DOWN ESPAÑA pide al Gobierno que concrete sus intenciones de mejorar la inclusión de los alumnos con síndrome de Down y que acometa, tan pronto como la ley complete su trámite parlamentario, un Plan Nacional para la Inclusión Educativa. Se trata de una pretensión más que justificada de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente en nuestro país, pues España ratificó en el año 2008 la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, que obliga a nuestro país a garantizar el derecho a una educación inclusiva de calidad para todos los niños y niñas con discapacidad.

La realidad es otra, la gran mayoría de los alumnos con síndrome de Down que asisten a centros ordinarios no recibe los apoyos que necesitan. Nuestro sistema educativo necesita en estos momentos, acometer una revisión profunda: no se trata solo de incluir al alumnado con discapacidad en los centros ordinarios, sino de ofrecer las garantías para una educación inclusiva real. Para ello, es necesario desarrollar nuevas metodologías y no centrar este nuevo modelo en los diferentes déficits del alumnado, sino en eliminar las barreras para el aprendizaje de todos los alumnos, con independencia de si tienen o no discapacidad. Se trata de crear un nuevo modelo de escuela centrada en las potencialidades de los alumnos y no en sus limitaciones, para asegurar el progreso de todos, con independencia de sus características.

La inversión en una formación permanente de calidad: clave de la trasformación

Nuestro país, tal y como se ha recogido en diversos informes del Comité de Seguimiento de la Convención de los Derechos sobre las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, está lejos de conseguir la inclusión plena del alumnado con discapacidad. Y el problema no es solo la falta de dotación económica y de apoyos de los centros ordinarios, vital para lograr el objetivo, sino que también radica en una falta de voluntad y de compromiso a la hora de incluir a los niños y niñas con discapacidad en los centros ordinarios y en la carencia de planes de formación del profesorado para atender a la diversidad del alumnado.

Por otro lado, resulta imprescindible disminuir los ratios de alumnos por profesor, ya que un número elevado imposibilita una atención más personalizada. El resultado es un sistema educativo que va en contra de la tendencia de países pioneros a nivel educativo como Finlandia, que cuentan con ratios más bajos y con profesores de apoyo en el aula, además de una alta cualificación del profesorado para atender a todo el alumnado, con independencia de sus características. Esta alta cualificación del profesorado requiere de una labor continua de formación e investigación en prácticas educativas inclusivas y pioneras que los mantenga preparados para realizar su labor profesional. Se trata de convertir al profesorado en agentes de transformación educativa en las escuelas. Algo que se considera primordial en aquellos países que están en estos momentos entre los mejores del mundo en materia de inclusión educativa. Solo así lograremos que profesores y alumnos, con y sin discapacidad, puedan beneficiarse de una escuela para todos, de una escuela inclusiva.

Desde DOWN ESPAÑA pedimos al Gobierno y a las Comunidades Autónomas que dejen atrás las inercias y miedos a la renovación pedagógica e inviertan por fin en una educación de calidad para todos los alumnos, con independencia de sus características. Es el momento de actuar con valentía, con respeto a las leyes y contar con el talento y conocimiento experto que tiene nuestro país. Solo así conseguiremos que los niños y niñas con discapacidad reciban la educación de calidad que por derecho les corresponde.