Desde la Federación, aplaudimos la decisión unánime del Senado de eliminar de la legislación española una de las más graves formas de violencia sexual, que afecta especialmente a mujeres y adolescentes con discapacidad, y que además atenta contra un derecho fundamental hacia su salud y sexualidad: la esterilización forzosa.

En marzo de 2019, el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas instó al estado español a desterrar la esterilización no consentida de acuerdo con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que España ratificó en 2008.

Gracias a una iniciativa de CERMI Mujeres, impulsada por Ciudadanos, el proyecto de ley, aprobado en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados y ahora en la Cámara Alta, pasará a reformar nuestro Código Penal. De manera que por fin, esta práctica con la que se arrebata a las personas con discapacidad la posibilidad de ser madres o padres dejará de realizarse en España.

“Supone un hecho histórico tras años de lucha por conquistar un derecho fundamental que se ha robado a las mujeres y niñas con discapacidad de este país. Los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad no se tocan”, manifestaba la vicepresidenta de CERMI Mujeres, Ana Peláez, al conocer la noticia.

Gracias a este gran paso jurídico y social, que en Europa, de momento, sólo han dado Suecia y España, la plena igualdad de derechos y la inclusión de las personas con discapacidad se acerca un poco más.