06·11·2019

(Actualidad)

Dos compromisos y cuatro retos por el síndrome de Down en España

DOWN ESPAÑA solicita a las formaciones políticas que se presentan en las próximas Elecciones Generales que asuman los diferentes puntos necesarios para apoyar e impulsar la inclusión de las personas con síndrome de Down en nuestro país.

Desde DOWN ESPAÑA, pedimos a los líderes políticos que tengan en cuenta la realidad que viven las personas con síndrome de Down en nuestro país, y que por consiguiente asuman dos compromisos y cuatro retos de cara a la próxima legislatura para mejorar la inclusión de dicho colectivo. Las más de 35.000 personas con trisomía 21 que hay en España y sus familias merecen gozar de un sistema educativo, sanitario y laboral plenamente integrador e inclusivo. Para ello, es fundamental que la clase política de nuestro país:

– Confirme públicamente su compromiso con el cumplimiento de la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad (firmada y ratificada por Espña en el año 2006) y con las recomendaciones propuestas a nuestro país por la Comisión de seguimiento de Naciones Unidas, en el año 2011 y 2019.

– Promueva la inclusión social de las personas con síndrome de Down en nuestro país, a través de leyes, políticas y acciones.
Las personas con síndrome de Down son hombres y mujeres que por razón de su discapacidad intelectual tienen graves dificultades para acceder y ejercer los derechos humanos básicos y para ser considerados ciudadanos de pleno derecho, incluidos plenamente en nuestra sociedad. Este enfoque inclusivo debe aparecer reflejado en TODAS normas y acciones que afecten a las personas con síndrome de Down.

Por otro lado, y en coherencia con los dos compromisos anteriores, sería imprescindible que se tuviesen en cuenta los siguientes retos o propuestas en relación a los principales ámbitos sociales:

1. Conseguir que las personas con síndrome de Down accedan a un Sistema Educativo inclusivo y que las familias no sean obligadas a aceptar la derivación a educación especial. Teniendo en cuenta la obligatoriedad de aplicar un sistema educativo inclusivo único asumido como compromiso nacional como Estado parte firmante de la Convención de Derechos de PCD, es necesario:

 – Promover planes de promoción de la inclusión educativa en todo el sistema escolar (estatal y autonómico). Se trata de un proceso largo y complejo que requerirá cambios en las políticas educativas. Este proceso exige iniciar pasos y medidas políticas para que sea posible su realización.

–  Cerrar los centros de educación especial segregada y promover su desaparición o su transformación como centros abiertos o como centros de recursos especializados a la escuela ordinaria inclusiva.
La educación segregada es el principal mecanismo de exclusión que tiene la sociedad en relación a la discapacidad. Su existencia trabaja contra la aceptación de la “normalidad” de las PCD en nuestra sociedad. Al mismo tiempo el mantenimiento del sistema educativo segregado evita que los colegios ordinarios se enfrenten al hecho de tener que transformar y mejorar la atención educativa ante la diversidad, facilitando el que la segregación se mantenga en el tiempo, desde las edades iniciales.

– Permitir que las personas con SD puedan titular en Secundaria de forma que se admitan las adaptaciones, se establezcan objetivos educativos individualizados y se evalúe personalizadamente en función de ellas. Una escuela que se adapta al alumno le debe ofrecer un sentido educativo, una razón de ser (formación, socialización, capacitación adaptada a su realidad y naturaleza, funcionalidad social). Si el sistema escolar no permite la titulación al no aceptar los apoyos o las adaptaciones significativas, demuestra que se enfoca en la adquisición de conocimientos y no en la de competencias, en la clasificación y no en la evaluación, y que no se orienta a una atención educativa personalizada. Cambiar el sistema para las PSD permitiría mejorar el sistema en conjunto para todos los alumnos, sea cual sea su condición.

2. Conseguir que mejore la formación y capacitación de los profesionales de la educación en nuestro país de modo que cambie la formación del profesorado y de los futuros profesores en la Universidad incluyendo enfoques, aprendizajes y contenidos actualizados basados en la inclusión y no en la segregación.

Hacer realidad un sistema educativo inclusivo necesita que el protagonismo del cambio sea asumido por los profesionales de la educación, en base a un marco político general (inclusión educativa) y a una transformación pedagógica, organizativa y filosófica. Este cambio sólo podrá hacerse con profesionales de la educación más preparados, mejor orientados y dispuestos (proactivos al cambio).

3. Facilitar recursos económicos para la investigación científica (genética, médica, farmacológica, social, estadística,..) relacionada con el síndrome de Down.

Las personas con síndrome de Down constituyen un grupo humano ciertamente singular en función de su naturaleza cromosómica. Hay muchas vías posibles de investigación que podrían proporcionar conocimiento y aportaciones al conjunto de nuestra sociedad al mismo tiempo que mejorar la vida y la salud de las PSD (Alzheimer, enfermedades autoinmunes, aterioesclerosis, menor incidencia de cáncer, caries, etc). El apoyo a esta investigación es casi inexistente en nuestro país, incluso de forma inferior a otras condiciones de discapacidad más apoyadas en las últimas décadas. Tendríamos que cambiar esta situación y aprovechar el buen talento investigador del que disponemos y la buena disposición de las familias y las PSD a apoyar en esta búsqueda de conocimiento.

4. Promover la inserción laboral en entornos ordinarios y los sistemas de apoyo inclusivos (Empleo con Apoyo).

El apoyo económico para alcanzar este reto, implica que haya al menos tanto dinero para el empleo inclusivo ordinario que para el empleo protegido, pues es erróneo suponer que el apoyo económico al empleo segregado es la fórmula del éxito para ampliar el nº de personas con discapacidad que tienen una vida laboral activa en España. Nuestro país debería conseguir que la inserción laboral ordinaria fuera la norma habitual y que el empleo segregado (Centros Especiales de Empleo, enclaves laborales, …) sea algo minoritario y excepcional y no al revés, que es la situación que se vive actualmente en España.