Este miércoles, en DOWN ESPAÑA tuvo lugar una nueva sesión de Aula Jurídica de la mano de Fundación Aequitas para continuar disipando las dudas que pueda conllevar la aplicación de la nueva reforma de la legislación para el apoyo a las personas con discapacidad. En esta ocasión, la conferencia tuvo como ponente al notario Ramón Moscoso, quien desveló las Claves de la reforma de la legislación para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de la capacidad jurídica.

Moscoso, además de un experto jurista en la materia, es padre de una niña con síndrome de Down, por lo que sus apreciaciones y explicaciones resultaron muy prácticas y fueron más haya de lo meramente profesional. Por un lado, el notario comenzó explicando cómo se actuaba hasta ahora en España cuando una persona con discapacidad debía participar en un acto legal y cómo se debe proceder ahora de acuerdo con la Convención de los Derechos de las personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, ratificada en España en 2008

«Esta ley era muy esperada, pues la ley no estaba completamente adaptada a los mandatos de la Convención. Se parte de que la protección legal de las personas con discapacidad se realizaba con su incapacitación, impidiendo su capacidad jurídica en la mayoría de los supuestos. Existe un temor social de que ejercer sus derechos puede ir en contra de sus propios intereses y que además las personas con discapacidad intelectual son susceptibles de manipulaciones. Por eso, se les nombraba un representante legal, normalmente sus padres. Sin embargo, la Convención nos dice que ese sistema es contrario a la dignidad de las personas con discapacidad, ya que no solo deben ser titulares de derechos, sino tener la posibilidad de ejercerlos», explica Moscoso.

Teniendo en cuenta la nombrada Convención y la intención de fomentar la autonomía de las personas con discapacidad para su integración social, según explicó Moscoso, se han realizado una serie de cambios y ajustes en la legislación que impulsan la participación de las personas del colectivo de manera activa y consciente en diferentes asuntos legales como la compra o venta de bienes y la libre disposición de sus bienes.

«A partir de ahora, lenguaje en los eventos jurídicos que impliquen a personas con discapacidad intelectual, deberá ser claro, sencillo y accesible. Si hay documentos que leer, deberán estar en Lectura Fácil. Es decir, hay adecuar el lenguaje para facilitar que ejerciten su capacidad jurídica», recalcó el experto.

Por otro lado, Moscoso explicó que a partir de ahora podrán darse tres situaciones con sus correspondientes maneras de proceder en el caso de que una persona con discapacidad intelectual/síndrome de Down se vea implicada en un acto legal que requiera su participación7decisión. «Puede suceder que la persona con la que se debe reunir la persona con discapacidad (notario, abogado…), se entienda perfectamente con el interesado, de manera que le quede clara la voluntad de la persona con discapacidad y así pueda ejercer su capacidad jurídica por sí sola. Otro supuesto, es que no se pueda entender bien a la persona con discapacidad, por lo que necesitará alguna ayuda o apoyo.  Por último, puede que la intensidad de la discapacidad no permita que pueda entenderse el deseo o voluntad y para eso, solo en este caso, se debe nombrar un representante legal que excepcionalmente actúe en su nombre. Esta opción únicamente se llevará a cabo habiéndose agotado todas las posibilidades anteriores», explicó Moscoso.

Otro punto muy importante de la nueva reforma, según señaló el experto, es que a partir de ahora, los apoyos que necesite la persona con discapacidad serán elegidos teniendo en cuenta sus preferencias, algo que hasta ahora no se hacía. Además, «habrá una colaboración interprofesional entre los agentes jurídicos y otros profesionales como psicólogos, trabajadores sociales, sanitarios, etc…»

Antes de dar paso a las preguntas de los asistentes virtuales a la conferencia, Moscoso explicó algunas claves más de la nueva reforma sobre las figuras de apoyo para las personas con discapacidad como guarda de hecho o la curatela.  «Desaparece la tutela y patria potestad prorrogada por no adaptare al sistema de autonomía de las personas con discapacidad».

Conferencia completa: