Este miércoles, ha tenido lugar la Conferencia “La situación actual del derecho a la educación inclusiva: Realidad normativa y jurisprudencial” con el abogado experto en esta materia, Juan Rodríguez Zapatero, y con la colaboración del Ministerio de Derechos sociales y Agenda 2030. El objetivo de esta sesión formativa era seguir ofreciendo información sobre uno de los asuntos más relevantes para las personas con síndrome de Down y sus familias: el derecho a una educación de calidad.

Para iniciar esta interesante conferencia, el experto en este ámbito, explicó que “la educación junto con salud es uno de los pilares de nuestra sociedad”, y que, por ello, es esencial defenderla con firmeza.

“Los padres y madres, tutores y representantes del alumnado con discapacidad son instrumentos esenciales para lograr los objetivos de una dignidad mayor y una educación de calidad, y esa educación es inclusiva. Sin inclusión no puede haber calidad educativa”.

Después de matizar lo que significa la educación inclusiva, Rodríguez Zapatero realizó un repaso por la historia del derecho a la educación de calidad en nuestro país, la situación actual y los objetivos futuros en relación a este asunto.

Sobre el pasado, el experto destacó un punto de inflexión que se produjo gracias a una sentencia del Tribunal Supremo en diciembre del año 2017, que conllevó diferentes consecuencias muy positivas para el alumnado con discapacidad. El contenido de esta sentencia fue analizado por Rodríguez Zapatero en la guía de DOWN ESPAÑA “Avances en la jurisprudencia en España: derecho a la educación inclusiva”. (disponible haciendo click aquí)

En esta publicación, explica cómo dicha sentencia marcó un hito al concretar lo que se entiende como el derecho a una educación de calidad, y al situarla como derecho fundamental. “Algo muy importante, ya que permite acudir a procedimientos especiales de la jurisdicción en el caso de que el derecho a la educación de calidad y en igualdad (artículos 14 y 27) sea vulnerado por algún poder público”.

Además, esta significativa sentencia recalca, según señala Rodríguez Zapatero, que “el derecho a recibir una educación inclusiva y de calidad es de los estudiantes, no de sus padres”.

Una vez analizado el significado de la sentencia de diciembre de 2017, Rodríguez Zapatero, realizó un repaso por las resoluciones jurídicas que en los últimos cinco años han tenido repercusión en el ámbito de la educación inclusiva y recalcó que leyes como la LOMLOE perpetúan un sistema educativo que no es compatible con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

“A raíz de esta sentencia, ha habido otras en diferentes tribunales, pero no todas han seguido la línea y han hecho una interpretación de la ley que no ha favorecido a los alumnos”.

Cinco medidas urgentes

Antes de finalizar su exposición y dar paso a las preguntas de los asistentes a esta conferencia on line, Rodríguez Zapatero explicó su visión sobre el futuro inmediato de la educación inclusiva en nuestro país.

“Los operadores jurídicos, profesionales de la educación, de las asociaciones y familias debemos luchar para que nuestro país avance en esta materia, como han hecho Portugal, donde, por ejemplo, han abandonado la categorización del alumnado”

Rodríguez Zapatero indicó cinco medidas urgentes a añadir en la próxima ley educativa para que la enseñanza en nuestro país sea inclusiva, igualitaria y de calidad.

– Eliminar la categorización del alumnado. La educación de calidad es un derecho fundamental para todos los estudiantes y por eso no se debería hacer pasar a ningún alumno o alumna por dictámenes o informes para valorar sus capacidades.

-Reconvertir los centros especiales. No se trata de que desaparezcan, sino que deben ser reconvertidos en centros de apoyo para los centros ordinarios.

-Garantizar que todos los centros ordinarios públicos tengan un marco de apoyo general para recibir las prestaciones requeridas para los ajustes que pueda necesitar todo el alumnado.

-Establecer que las discrepancias entre los padres no tengan que resolverse en tribunales, sino que haya unos órganos que permitan la participación de padres y asociaciones para resolver de manera rápida y sin coste económico ni emocional para padres las cuestiones que puedan surgir en relación a la escolarización de sus hijos e hijas.

-Realizar un reconocimiento pleno de la educación inclusiva para todas las personas.

Conferencia completa: