Según el Informe Olivenza 2018 del Observatorio Estatal de la Discapacidad, la población con discapacidad presenta tasas de analfabetismo muy superiores (2,3%) a la población general (0,5%). Además, dicho estudio cifra el porcentaje de estudiantes con discapacidad en el 1,5% respecto del total del alumnado de las universidades españolas. Estas diferencias ponen de manifiesto la necesidad de dotar a las facultades de los recursos necesarios para que el acceso de los estudiantes con discapacidad física o intelectual sea efectivo.

Hace casi dos décadas, la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades reconocía que los estudiantes tienen derecho a: la igualdad de oportunidades y no discriminación por razones (…) de discapacidad en el acceso a la universidad, ingreso en los centros, permanencia en la universidad y el ejercicio de sus derechos académicos. Este precepto legal obliga a las universidades a adoptar las medidas pertinentes para garantizar los derechos mencionados.

Este tipo de medidas deben partir de los análisis de la realidad que viven las personas de dicho colectivo en el mundo académico. Un ejemplo de ello, es el IV Estudio sobre el grado de inclusión del sistema universitario español, realizado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Fundación ONCE, el Real Patronato sobre Discapacidad y la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE).

En el informe, se concretan también en los porcentajes de personas con discapacidad que terminan los estudios superiores: el 33,6% de la población general frente al 18,7% en las personas con discapacidad.

Discapacidad intelectual en las aulas

A pesar del lento avance en cuanto a los recursos implementados para favorecer la inclusión de las personas con discapacidad intelectual en las facultades, el año pasado, más de 25 universidades impartieron cerca de 300 títulos dirigidos a alumnos de este colectivo. De este modo, España se situó a la cabeza de la Unión Europea en dicho ámbito, según los datos facilitados por Fundación ONCE.

Sin embargo, todavía es necesario un compromiso más fuerte para lograr la verdadera integración e inclusión de las personas con discapacidad intelectual en las aulas universitarias, y para conseguir que sea realidad construir un sistema educativo inclusivo en todos los niveles. Por ello, desde DOWN ESPAÑA reivindicamos las medidas necesarias para que la inclusión del colectivo de personas con síndrome de Down pueda ser una realidad como la que representa por ejemplo Blanca San Segundo, la primera personas con síndrome de Down en obtener un grado universitario en España.