Este miércoles, se reúne el Consejo Escolar del Principado de Asturias para aprobar una Propuesta de Resolución que modificaría de la resolución de 26 de febrero de 2018 sobre el procedimiento de admisión de alumnado en centros escolares de la comunidad asturiana. Dicha propuesta es contraria a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un tratado ratificado por España en 2008 y de obligado cumplimiento para todas las administraciones públicas.

En DOWN ESPAÑA y DOWN PRINCIPADO DE ASTURIAS nos preocupan especialmente las siguientes disposiciones:

5. En el caso de alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad o trastorno, que requiera una atención educativa específica que no pueda ser proporcionada en centros ordinarios, se podrá proponer su escolarización en centros de educación especial o en unidades de educación especial habilitadas en centros ordinarios en el caso de zonas alejadas de un centro de educación especial.

8. En el proceso de escolarización se respetará una equilibrada proporción de alumnado que presenta necesidades educativas especiales por unidad en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de una misma zona, teniendo en cuenta los recursos humanos y materiales de los centros.

6. Se podrá realizar una escolarización combinada entre centros ordinarios y centros o unidades de educación especial cuando se considere que esta es la mejor respuesta a las necesidades educativas que presenta el alumnado, con el objeto de favorecer una mayor integración e inserción socioeducativa. Esta escolarización combinada tiene carácter excepcional y se podrá realizar con el alumnado escolarizado en educación infantil y en los tres primeros cursos de educación primaria.

Los motivos de nuestra disconformidad sobre la Propuesta son que en ella: 

1)     No prevalece el derecho a una educación inclusiva por encima de las características individuales y de la asignación de recursos, pues según la sentencia del Tribunal Supremo de 14 diciembre 2017 la Administración Educativa  “debe razonar porqué supone una carga desproporcionada para la Administración la escolarización en un centro ordinario, con los apoyos precisos”. Es decir, lo necesario es analizar la disponibilidad de recursos en el sistema en función de las necesidades del alumno, sin que exista un criterio unívoco o general.

2)     Se vulnera el derecho de padres, madres y tutores a la participación en la decisión sobre el centro educativo ordinario al que desean que sus hijos e hijas acudan, así como no respeta la posibilidad de arraigo en la zona de referencia, supeditando la elección de centro educativo a la disponibilidad de recursos.

3)     Es incompatible la función social inclusiva de los centros educativos, pues con la propuesta de escolarizar alumnado de infantil en combinada se pierde dicha función. Tal y como ya ha definido nuestro Tribunal Supremo, la educación ha de ser inclusiva y que ello es la norma general, de tal manera que siendo la excepción la escolarización en centros de educación especial, y justamente porque están en juego derechos fundamentales, se exige una motivación que acredite que sea inviable la integración del menor discapacitado en un centro ordinario.

La Educación inclusiva no es un principio si no un derecho que debe hacerse efectivo por las administraciones educativas. En este sentido resulta preocupante que el Gobierno del Principado de luz a una resolución orientada a mantener itinerarios segregadores para el alumnado con discapacidad. La educación del siglo XXI no puede ni debe señalar ni mucho menos clasificar a niñas y niños por razón de discapacidad apartándolos de la vida en común ya que estaremos faltando a los principios básicos de convivencia y respeto  y atención a la diversidad que deben presidir cualquier política educativa.

En este sentido, invocamos que el Principado invierta esfuerzos y recursos para que todas las niñas y niños sin excepciones estén, participen y aprendan en los mismos espacios, y mejore esta resolución que tal y como se plantea, resulta regresiva a cualquier mandato de derechos humanos.