Educación20 Oct 20207 minutos de lectura

«En España se ha producido una segregación educativa y, durante diez años, se va a seguir produciendo»

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Este martes, DOWN ESPAÑA ha celebrado, junto a Servimedia, un diálogo con el secretario de Estado, Alejandro Tiana, el presidente de DOWN ESPAÑA, Mateo San Segundo, el abogado experto en Derechos Humanos de las personas con discapacidad, Juan Rodríguez Zapatero y Alejandro Calleja, quien tras una larga lucha en los tribunales, ha conseguido un dictamen de las Naciones Unidas apoyando el derecho a la educación de su hijo Rubén. El objetivo de este diálogo era charlar sobre educación inclusiva y sobre cumplimento de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas.

Moderado por el director general de Servimedia, José Manuel González Huesa, el diálogo ha comenzado con la introducción de Mateo San Segundo, quien tras agradecer a los participantes su intervención, ha recalcado que DOWN ESPAÑA  “desde hace 30 años, ha apostado por la educación inclusiva”.

“Se trata de historia muy larga ya, en la que ha habido luces y sombras y que en la actualidad presenta una situación que no es muy buena: deberíamos poder hablar de educación y quitarle el adjetivo porque la educación o es inclusiva o no es educación”, ha señalado San Segundo, maestro y padre de Blanca, primera mujer española en conseguir un grado universitario.

«En España se ha producido una segregación educativa y durante diez años se va a seguir produciendo». «En otros países han cerrado las aulas especiales»

Tal y como ha explicado el presidente de DOWN ESPAÑA, el proceso de diez años que se la ha dado a España para implementar la educación inclusiva en todos los centros ordinarios del país necesita de un gran impulso. “En otros países, como Portugal, se han cerrado los centros de educación especial. En España ya hay muchos centros ordinarios en los que se está trabajando en educación inclusiva perfectamente, y no son ejemplos aislados. Hay que evolucionar porque los padres tienen derecho a elegir el centro y a defender así el derecho de los hijos a esa educación inclusiva”.

«La inclusión educativa es un objetivo socialmente valioso”

El secretario de Estado, Alejandro Tiana, ha comenzado su intervención explicando que en su trayectoria como profesor y coordinador de un centro educativo, ha podido constatar cómo “a partir  de los años 80, se empezó a elaborar un sistema de integración para que niños con discapacidad pudieran estudiar en las aulas de centros ordinarios”. Según ha afirmado, “entonces hubo una escolarización masiva de niños con discapacidades en centros ordinarios, pero hace unos años ese proceso se frenó bastante”.

“Ahí se sitúa la cuestión. En el Ministerio de Educación recibimos el informe que indica que el sistema educativo español no hacía todo lo que debía y dejaba fuera a niños que tenían derecho a una inclusión en la educación tratándose de una cuestión de Derechos Humanos. Por eso, decidimos que había que había que dar pasos adelante”.

Tal y como ha explicado el secretario, tras un rigoroso análisis de la situación en España y en las diferentes comunidades, se decidió realizar una reforma de la ley educativa –hoy en día pendiente de la aprobación en el Parlamento- . “Si el proyecto de ley sale como está previsto habrá un fomento de la educación inclusiva. Sería lo deseable. La inclusión es un derecho y como tal hay que vivirlo. Debe estar exento de discusión»

“Tenemos varios desafíos reales para garantizar la educación inclusiva: otorgar los recursos necesarios para hacer que los centros ordinarios puedan hacerlo y formar en capacidades y competencias a los profesionales, especialmente al profesorado”, ha afirmado Tiana.

“Los profesores no tienen que ser especialistas en todas las discapacidades, pero sí una formación general que les permita moverse en un modelo inclusivo. Sobre todo hace falta personal de apoyo. La inclusión educativa lo exige. Necesitamos una reforma que lo permita”.

Además, Tiana ha recalcado que una de las medidas propuestas en la disposición que el congreso decidirá o reformará “es que los centros que cuentan con especialistas en discapacidad –centros especiales- tienen que jugar un papel y prestar ayuda a los centros ordinarios”, dejando claro que no se llevará a cabo el cierre de los centros especiales, sino que serán centros de ayuda para los centros ordinarios.

Cinco advertencias al Estado español

Por su parte, el abogado experto en educación inclusiva, Juan rodríguez Zapatero, ha iniciado su presentación sentenciando: “España no es un país digno y no está a la altura de la educación inclusiva”.

“España es un país que ratifica la Convención en 2008 y que debería estar en la cabeza de la de la dignidad democrática y no lo está. La Convención es instrumento normativo que tiene un valor vinculante y obligatorio, tal y como dicta su artículo 4. Sin embargo, no es esa la realidad y no es una cuestión de medios si no de voluntad política”.

Rodríguez Zapatero ha señalado que “España no cumple, lo ha dicho ONU en cinco ocasiones con informes demoledores”. Esto, según ha explicado el abogado, afecta a miles de familias que en muchos casos no tiene la fuerza, moral o los recursos necesarios para asumir proceso judiciales demasiado largos.

El experto también se ha referido a la existencia de los centros educativos especiales, “incompatibles con la Convención”. “En diez años, se continuará dando apoyo a los centros especiales y hay que ir a un sistema inclusivo con apoyos a los centros ordinarios”. “En los centros especiales no se socializa, que es el elemento principal de la inclusión. Necesitamos un Gobierno que tome este tema como bandera, que mire hacia la ONU y no hacia los centros especiales, y que apueste por la igualdad y la dignidad”

Rubén, el caso que debería marcar el cambio hacia la inclusión

Alejandro Calleja es el padre de Rubén, un menor con síndrome de Down al que se maltrató y apartó del sistema educativo ordinario. Tras 11 años de lucha por defender los derechos de su hijo, por fin tiene el dictamen de las Naciones Unidas que reconoce que el Estado de España violó los derechos de Rubén. “Ha sido años de sufrimiento. Nos conceden una indemnización por daños emocionales y psicológicos, que realmente son impagables. No buscamos eso, sino que se haga efectivo el dictamen”.

“Esto tiene que cambiar ya. No hay semana que no nos llame una familia para luchar por la educación inclusiva de sus hijos. Los centros especiales no hacen educación, es otra cosa. Hay mucho por hacer, pero es una obligación moral y ética de todos y tiene que haber una línea clara, recta y definida”, ha reivindicado Alejandro.

Para finalizar este diálogo, celebrado en colaboración con el Ministerio de Educación, después de haber dado respuesta a numerosas cuestiones de usuarios de las redes sociales, Mateo San Segundo, ha señalado que “desde DOWN ESPAÑA estamos al lado del ministerio y esperamos que ese cambio hacia la educación inclusiva sea lo más rápido y eficaz posible”.

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