La Fundación CERMI Mujeres y el Foro Europeo de la Discapacidad (EDF, por sus siglas en inglés) han presentado esta semana el informe ‘Poner fin a la esterilización forzosa de las mujeres y niñas con discapacidad’ en el Consejo General de la Abogacía. Con ello, han exigido terminar con esta práctica que, aunque vulnera los derechos sexuales y reproductivos y cercena sus derechos civiles y políticos de las personas con discapacidad, sigue produciéndose en España.

El acto ha sido conducido por la directora ejecutiva del CERMI, Pilar Villarino, y ha contado con la participación del consejero electivo del Consejo General de la Abogacía Española, Luis Nieto; la vicepresidenta ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres, Ana Peláez; y la coordinadora de la entidad, Isabel Caballero. El encargado de clausurar la jornada ha sido Borja Fanjul, director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Como ha explicado Isabel Caballero, “uno de los grandes problemas existentes es la falta de transparencia, algo que viola la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, un tratado que España ha ratificado y que por tanto está obligada a cumplir”. Los datos existentes, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), reflejan que el número total de casos resueltos asciende a 140 en 2016, sin que sea posible conocer la resolución final de cada procedimiento y sin que se pueda saber la incidencia en mujeres y hombres, ya que los datos no se hallan desagregados por sexo.

Asimismo, la coordinadora de la Fundación ha explicado que no hay cifras de 2014 y 2015, pero que han tenido acceso a datos de ejercicios anteriores. Concretamente, en 2005 se resolvieron 85 procesos; en 2006, 109; en 2007, 75; en 2008, 96; en 2009, 112; en 2010, 127; en 2011, 102; en 2012, 80, y en 2013, 79 casos. En total, más de 1.000 procesos, lo que supone una media de unos cien casos al año.

Según la organización, esta ausencia de cifras pone en evidencia la falta de cumplimiento de las recomendaciones que en su día hizo el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2011 en materia de recopilación de datos y estadísticas.

Además de la necesidad de que exista mayor transparencia estadística, la vicepresidenta ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres ha exigido que se desarrollen políticas encaminadas a indemnizar a las personas con discapacidad, especialmente mujeres y niñas, que han sido esterilizadas; poner en marcha medidas para proporcionar formación sobre los derechos sexuales y reproductivos a las mujeres con discapacidad, y derogar las leyes que amparen la práctica de esterilizaciones forzadas.

Ana Peláez también ha advertido de que en muchas ocasiones se llevan a cabo las esterilizaciones porque desde el entorno sociosanitario de la mujer con discapacidad se aconseja a la familia adoptar esta medida. “En algunos casos, hay centros que piden que para acceder, la mujer o niña con discapacidad tenga que estar previamente esterilizada”, ha denunciado la también vicepresidenta del EDF.

Igualmente, ha explicado que pese a la falta de datos existentes, la experiencia de la Fundación y de otras entidades refleja que las esterilizaciones se llevan a cabo principalmente en tres momentos: “En la primera menstruación de la adolescente; cuando alcanza la mayoría de edad y empieza a relacionarse con otras personas de forma más independiente, o tras el nacimiento de un primer hijo o hija”.

Vulneración de la Convención sobre derechos de las Personas con Discapacidad

También ha enumerado algunos de los artículos de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad que vulnera España con la práctica de las esterilizaciones forzosas, y tratados como el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul).

En concreto, el artículo 39 tipifica como acto delictivo las intervenciones quirúrgicas que tengan por resultado poner fin a la capacidad de una mujer de reproducirse de modo natural, sin su consentimiento previo e informado, como ocurre en la mayoría de las ocasiones.

«Esto no sólo se da en España, sino en muchos otros países que se saben desarrollados y comprometidos con los derechos humanos», ha recalcado Ana Peláez, que ha ensalzado el ejemplo de Suecia, un Estado en el que las esterilizaciones forzadas están totalmente prohibidas y se ha indemnizado a las víctimas de esta práctica.