20·05·2015

(Actualidad)

España desoye a la ONU e impedirá votar a 80.000 personas con discapacidad en las próximas elecciones municipales y autonómicas

La Convención de Naciones Unidas obliga a España a modificar la actual ley para que ninguna persona por razones de discapacidad pueda ser privada de este derecho fundamental.

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La incapacitación judicial impide votar en España a más de 80.000 personas.

España continúa sin aplicar la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, ratificada por nuestro país en 2008, al impedir ejercer el derecho de sufragio a 80.000 personas con discapacidad (datos de la Fiscalía General del Estado). El motivo que les impedirá votar en las próximas elecciones autonómicas y municipales del 24 de mayo es que todas ellas cuentan con una sentencia judicial de incapacidad total.

Esta sentencia les aleja del derecho al voto por el simple motivo de que la Ley Orgánica de Reforma Electoral (LOREG) todavía no ha sido modificada por el Parlamento, tal y como las organizaciones de discapacidad y la propia Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados llevan solicitando al Gobierno desde hace más de un año y medio. El resultado es que miles de ciudadanos quedarán excluidos de los próximos comicios.

“Este es el problema más radical y estructural. Lo permite la legislación electoral”, advierte el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo, que recuerda que la Convención de Naciones Unidas obliga a España a modificar la ley bajo la premisa de que ninguna persona por razones de discapacidad puede ser privada de este derecho fundamental.

Y es que en 2011 la ONU examinó a España para comprobar el nivel de adaptación de más de 90 normativas de nuestro país a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Fue entonces cuando Naciones Unidas advirtió al Gobierno de que no había hecho los deberes en materia electoral al no modificar la Ley.

“No cuesta nada acometer este cambio”, lamenta Cayo, que asegura que el Ministerio del Interior, que es el organismo competente en materia electoral, “insiste en que no es necesario modificar la ley”, pese a la advertencia de la ONU, la petición del Congreso de los Diputados y la insistencia de las entidades de discapacidad.

Comparte esta opinión el gerente de DOWN ESPAÑA, Agustín Matía, quien además añade que el problema sobre la restricción del voto del colectivo con discapacidad intelectual radica en la “aplicación estricta” de la LOREG por determinados jueces, que en sus sentencias realizan una definición de la capacidad de la persona para determinar si puede o no ejercer su derecho al sufragio.

A su juicio, la “cuestión de fondo” es que en España actualmente a ninguna persona se le pide una explicación o valoración sobre el partido o candidato al que vota, ni una demostración de si comprende o no los mensajes o programas. “¿Por qué se exige esto a las personas con discapacidad intelectual y al resto no?”, se pregunta Matía, que recuerda que la gente puede apoyar a un partido por los motivo que considere, sean estrictamente políticos o porque le gusta el color de sus siglas o la sonrisa de su candidato.

“El sistema electoral tiene que ser abierto para las personas con discapacidad”, asegura el gerente de DOWN ESPAÑA, que compara la situación que viven ahora miles de ciudadanos con discapacidad con la de las mujeres en España a las que se les impidió votar hasta 1933.

Recuperar el derecho al voto

1076_tienesMatía explica que existen métodos para que las personas con discapacidad recuperen el derecho a sufragio que se les ha arrebatado por sentencia judicial de incapacitación. Para ayudar a que lo logren, DOWN ESPAÑA recomienda el documento “Tienes derecho a votar, que nadie te lo quite”; una guía en Lectura Fácil editada por el CERMI, de libre descarga en la web, que detalla los pasos a dar para recobrarlo y gozar así de un derecho fundamental que asiste a cualquier ser humano. Puede descargarse desde la sección “Publicaciones recomendadas”.

El gerente de DOWN ESPAÑA recuerda, de todas formas, que la recomendación de la organización a las familias es “que no opten por la incapacitación jurídica, pues contraviene el espíritu de la Convención”. En caso de que sea “absolutamente necesario, lo recomendable es que acudan primero al fiscal especializado en discapacidad que corresponda a la jurisdicción de su ciudad o provincia”, matiza Matía, “para que pueda analizar el caso particularmente, orientarles y proponer el procedimiento más adecuado” antes de iniciar cualquier trámite.

Propuestas para las próximas elecciones generales

DOWN ESPAÑA está trabajando en un documento que presentará a los partidos políticos que concurran a las elecciones generales de este mismo año. En él que detallará las propuestas políticas más significantes y relevantes que la Federación demanda que se apliquen sobre el colectivo de personas con síndrome de Down, en ámbitos como la educación, la regulación del Empleo con Apoyo, o los servicios de promoción de la Autonomía Personal.

Este argumentario se enviará próximamente a los responsables de los principales partidos políticos con la intención de que lo tengan en consideración en la redacción de sus programas electorales.