Ayer, la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados aprobó por mayoría la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. Esta modificación pretende eliminar la posibilidad de que, en los procedimientos de incapacitación legal, los jueces puedan privar del derecho de voto a determinadas personas por motivos asociados a su discapacidad.

Faltan pues dos pasos para que esta reforma se haga efectiva: primero tiene que ser aprobado en el Pleno del Congreso y posteriormente por el Senado.

Según datos de la Oficina del Censo Electoral, casi 100.000 personas con discapacidad están privadas en nuestro país del derecho político fundamental a ejercer el sufragio, situación sobre la que Naciones Unidas advirtió a España en 2011, conminándola a modificar con urgencia su legislación electoral para adecuarla al tratado internacional de derechos humanos de las personas con discapacidad. A tenor de esta Convención, ninguna persona con discapacidad en ningún caso puede ser despojada de su derecho al voto.

#MiVotoCuenta: el asociacionismo se moviliza

DOWN ESPAÑA, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y Plena Inclusión celebraron en febrero de 2017 una concentración ante el Tribunal Constitucional con el lema #MiVotoCuenta que contó con el apoyo de más de 500 personas.

A raíz de esta concentración y a sugerencia del CERMI, la Asamblea de Madrid elevó una iniciativa legislativa, promovida el Grupo Parlamentario Socialista y aprobada en el parlamento regional con el respaldo de todos los grupos políticos, al Congreso de los Diputados. El debate tuvo lugar en noviembre del año pasado y recibió el apoyo unánime de los diputados. En septiembre, la reforma de la ley superaba su primer paso legislativo con el dictamen favorable de la Comisión Constitucional de la Cámara baja que propició la aprobación de ayer.

El pasado mes de julio, era el Consejo de Europa el que se pronunciaba y advertía a España que no puede privar del derecho al voto a las personas con discapacidad. Así lo manifestaba la comisionada europea de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, en sus observaciones escritas presentadas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el caso de la española María del Mar Caamaño Valle contra España por haberle retirado este derecho un tribunal.