Agustín Matía, gerente de la organización, insiste en que DOWN ESPAÑA ni aprueba ni desaprueba que exista aborto, ni valorará al Gobierno por ello, pero «la actual ley es discriminatoria y lo que DOWN ESPAÑA defiende es la no discriminación de las personas por razón de su discapacidad. Este argumento está refrendado por las Naciones Unidas, un organismo neutro con respecto a si debe o no existir aborto, pero tajante respecto a que la ley, bajo ningún concepto, debe incluir elementos de eugenesia o discriminación hacia las personas con discapacidad».

«Una discapacidad nunca puede significar menos derechos, creemos que esta debe ser la base sobre la que se construya cualquier norma jurídica o legislación en una sociedad desarrollada y madura«, argumenta el gerente de la organización.

La legislación actual, permite el aborto libre en las primeras 14 semanas de gestación, y  hasta la semana 22 «siempre que exista riesgo de graves anomalías en el feto» y en cualquier momento de la gestación si lo que se detectan son «anomalías fetales incompatibles con la vida».

La existencia de diferentes plazos en la actual ley va en contra de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad ratificada por nuestro país en 2008. Es por eso que la ONU se dirigió al Gobierno de España esperando que modificase la ley de forma que no se estableciesen plazos más elevados para los gestados que tuviesen alguna discapacidad.

DOWN ESPAÑA espera que el Gobierno, decida lo que decida respecto al anteproyecto de ley de Protección del Concebido, elimine toda discriminación hacia las personas con discapacidad de la ley que legisle la interrupción voluntaria del embarazo.