DOWN ESPAÑA considera “urgente” la reforma de la legislación educativa y la implantación de un sistema que respete el principio de educación inclusiva, basado en la igualdad de oportunidades y que no discrimine a las personas por razón de su discapacidad. Esta reforma es más necesaria que nunca, tras la publicación ayer de un informe del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU en el que se denuncia que España comete “violaciones al derecho a la educación inclusiva y de calidad” y excluye particularmente a las personas con discapacidad intelectual y psicosocial y discapacidades especiales.

El comunicado es resultado de una investigación realizada entre el 30 de enero y el 10 de febrero de 2017, en la que expertos designados por el Comité entrevistaron a más de 165 personas, incluidos funcionarios del Gobierno y de las 17 comunidades autónomas, representantes de organizaciones de personas con discapacidad (entre las que se encontraba DOWN ESPAÑA) y otras organizaciones de la sociedad civil.

Nuestra Federación lleva desde hace años alertando de que el sistema de educación español es discriminatorio con las personas con síndrome de Down y vulnera lo establecido en el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En este sentido, ha denunciado casos concretos de discriminación educativa como el de Rubén Calleja, joven con síndrome de Down al que se le negó su derecho a estudiar en un colegio inclusivo y que recibió un gran apoyo social a través de una campaña puesta en marcha por DOWN ESPAÑA en el portal Change.org.

El marco normativo español mantiene un sistema “dual” de escolarización que permite la convivencia de los centros ordinarios y centros específicos de educación especial. Tal y como explica el presidente de DOWN ESPAÑA, Mateo San Segundo, “en un sistema basado en la educación inclusiva y en el derecho de no discriminación y la igualdad de oportunidades, es incompatible que coexistan estas dos modalidades. La educación segregada contradice los principios inclusivos en los que se basa la Convención y van en contra de la propia definición de Educación, que deber ser inclusiva por naturaleza”.

Otra de las denuncias que DOWN ESPAÑA considera especialmente alarmante es la referente a la obtención de los títulos oficiales de enseñanza. En este sentido, el Comité denuncia que “los estudiantes con discapacidad con adaptación curricular normalmente no obtienen los mismos títulos o certificados educativos que los otros estudiantes”. En palabras de San Segundo, “para las personas con síndrome de Down tiene como consecuencia la pérdida de la posibilidad de progresar dentro del sistema educativo y la limitación de sus opciones laborales y su inclusión personal, laboral y social”.

DOWN ESPAÑA considera que los resultados de este informe suponen una grave amonestación no solo al Gobierno, sino también a todos los grupos políticos españoles: “nos parece lamentable que nuestros representantes políticos no se pongan de acuerdo en un tema tan importante como es la educación”, concluye San Segundo.

El derecho a una educación inclusiva está avalado por la Convención Internacional de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en su artículo 24 reconoce que “los Estados asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles para las personas con discapacidad”. Esta Convención fue ratificada en 2008 y aprobada por unanimidad por nuestro Parlamento y es de obligado cumplimiento en España al tener rango de tratado jurídico internacional de Derechos Humanos.