DOWN ESPAÑA une su voz a la del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) para pedir a los Grupos políticos del Congreso de los Diputados que mañana, martes 7 de noviembre, den su apoyo unánime a la Proposición de Ley elevada por la Asamblea de Madrid que pretende reformar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

Esta modificación pretende eliminar la posibilidad de que en los procedimientos de incapacitación legal los jueces puedan privar del derecho de voto a determinadas personas por motivos asociados a su discapacidad, lo cual es una violación de los derechos humanos de las personas con discapacidad establecidos en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que España ratificó en 2008.

Y es que, según datos de la Oficina del Censo Electoral, casi 100.000 personas con discapacidad están privadas en nuestro país del derecho político fundamental a ejercer el sufragio, situación inadmisible sobre la que Naciones Unidas advirtió a España en 2011, conminándola a modificar con urgencia su legislación electoral para adecuarla al tratado internacional de derechos humanos de las personas con discapacidad. A tenor de esta Convención, ninguna persona con discapacidad en ningún caso puede ser despojada de su derecho al voto.

La Proposición de Ley que ahora llega al Congreso surge de una iniciativa legislativa de la Asamblea de Madrid, promovida por el Grupo Parlamentario Socialista madrileño a sugerencia del CERMI, y aprobada en el parlamento regional con el respaldo de todos los grupos políticos.

DOWN ESPAÑA, junto al CERMI y el resto del movimiento asociativo de la discapacidad, espera que todos los grupos parlamentarios del Congreso la asuman, asignando su tramitación a la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad de la Cámara baja, y que comience así el camino legislativo que culmine en pocos meses en la subsanación de esta discriminación que consiente el sistema electoral español. En palabras del presidente de DOWN ESPAÑA, José Fabián Cámara, “que en un proceso de incapacitación los jueces realicen un examen para constatar la capacidad de comprensión de las personas con discapacidad para poder votar supone segregar a nuestro colectivo y someterlo a un proceso denigrante, en cuanto no se le solicita el resto de la sociedad. Esperamos que esta situación cambie cuanto antes”.