La Ley 1/2009, de 25 de marzo, establecía en su Disposición Final Segunda un mandato al Gobierno de remitir, en el plazo de seis meses, a las Cortes un Proyecto de Ley sobre mejora del régimen fiscal de los patrimonios protegidos.
 
Estando próximo a vencer dicho lapso temporal, el sector de la discapacidad no conoce ninguna actividad del Gobierno ni del Ministerio de Economía y Hacienda que pueda dar a entender que se cumplirá el precepto legal, por lo que existe alarma en el movimiento de la discapacidad.
 
El pasado mes de mayo, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) remitió a Hacienda un documento de consideraciones y propuestas de reforma de la fiscalidad del patrimonio protegido de las personas con discapacidad, que trataba de aportar la visión la discapacidad organizada sobre las reformas que debía experimentar esta institución para ser realmente eficaz. También se pedía la constitución de un Grupo de Trabajo entre el Ministerio de Economía y Hacienda para abordar esta cuestión.
 
Hacienda nunca respondió a estas propuestas y tampoco consta que haya avanzado en ninguna iniciativa para cumplir la obligación impuesta por la Ley 1/2009.
 
Ante el inminente vencimiento del plazo y el desconocimiento por parte del CERMI de cualquier propuesta en este sentido, desde el sector de la discapacidad se exige al Gobierno que remita con urgencia a las Cortes el Proyecto de Ley de mejora fiscal de los patrimonios protegidos, recabando el previamente el parecer del Consejo Nacional de la Discapacidad y de la Comisión de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad, órganos en los que está representado el sector asociativo de la discapacidad.